Directora Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador, Lorena Naranjo

Los países de América Latina y el Caribe deben intensificar sus políticas públicas, para desarrollar la conectividad digital en la ruralidad de nuestros países. Esta es una de las conclusiones a la que llegaron los participantes del segundo panel de la VII Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, en el marco de la elac2020, que desde ayer preside Ecuador.

La Viceministra de Comunicaciones del Perú, Virginia Nakagawa, resaltó el impacto e importancia de la conectividad rural, tras revelar los sacrificios que deben hacer los hogares peruanos de bajos ingresos, que les demanda un gasto mensual promedio de US$100, solo en acceso a internet, según un estudio reciente. Ahí radica la importancia y la urgencia de aplicar políticas públicas inclusivas por parte de los Estados, para superar la brecha digital y enfrentar la inequidad social. Asimismo, relievó la importancia de contar con un Ministerio rector del sector, como en el caso del Ecuador, que tiene su Ministerio.

Ángel Melguizo, voz de los proveedores y presidente de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, resaltó que 3 de cada 10 latinoamericanos no tienen internet en absoluto. Y la situación es más grave en los hogares pobres con relación a los hogares pudientes. De ahí que uno de los retos es dotar de conectividad de calidad, para cubrir la demanda en temas urgentes, como la educación. Los estudiantes primarios de los hogares pobres, dijo, tienen 6 veces menos acceso a una computadora con internet, con relación a los estudiantes con posibilidades económicas. La situación en las áreas rurales es aún peor.

Melguizo resaltó que otro reto para la región es mejorar la calidad de la inversión pública y privada. Precisó que debe haber una regulación inteligente de los fondos de servicio universal, que todos los países tienen, sobre todo para sitios focalizados que atiendan a los más vulnerables. Propuso que los operadores usen los fondos para que gestionen directamente la conectividad en las áreas rurales de los países de la región.

Yacine Khelladi, coordinador para América Latina y el Caribe de Alliance for Affordable (Internet Alianza para Internet Asequible), destacó la importancia de la asequibilidad, es decir, es importante garantizar la capacidad ciudadana para pagar la conectividad. La brecha digital amplifica la brecha social, y una mayor conectividad generará más equidad. Por tanto, la atención deber priorizarse en los más pobres, para que sean más resilientes.

Así mismo, resaltó lo que llamó “conectividad significativa”, nuevo concepto para que los Estados incluyan: más velocidad, acceso a dispositivos, datos ilimitados y uso diario. Esto representa pasar del actual 42% de conectividad bajo estas características, al 90%. Esa transición tecnológica le constaría a América Latina US$ 40 mil millones, por eso el sector requiere nuevos incentivos. Los otros ejes de esta conectividad son: género, que incluye políticas que tengan presente a niñas y mujeres en la conectividad; y educación.

Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, propuso trabajar en la infraestructura de una agenda digital integral, que incluya la apropiación social de las nuevas tecnologías. Llevar internet a todos los habitantes es la punta del iceberg, dijo. Y agregó que la infraestructura pasada de pronto no se ha optimizado del todo. En la nueva realidad, la gente produce y tiene oportunidades si está conectada; el que no, está aislado. La pandemia puso una prueba de estrés a todos los sectores, especialmente al tecnológico que soportó un uso masivo. “Cabe analizar los elementos que hicieron posible que América Latina avance con arquitectura abierta de internet, y tenemos que asegurarnos que siga funcionando. Necesitamos gobernanza abierta y plural; las decisiones de políticas públicas no pueden ignorar estos principios. El reto es mantenerlo para que siga sirviendo”.

Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de México, resaltó que las TIC son un factor de inclusión y resiliencia, sobre todo de los olvidados. “Más que esfuerzo, es una obligación del Estado dar acceso y cobertura a los ciudadanos”. Resaltó que en México, sobre un área de 2 millones de km2, unos 40 millones no tienen conexión ni cobertura, por lo que el Gobierno tiene el reto de cubrir su territorio nacional con acceso a internet. Acotó que de las 300.000 localidades del país, 180 mil están aisladas y esperan cubrir 160 mil en lo que resta del 2020 y el 2021.

Destacó la importancia de fortalecer el gobierno electrónico, donde las TIC puede volver incluyente a las personas, con un gobierno digital ordenado, evitando actos de corrupción; además de garantizar el acceso a instrumentos y capacitación de la población. Las TIC homogenizan a la población, si están bien planteadas, dijo el funcionario mexicano.

En este foro continental participaron, además, James Kwasi Thompson, Ministro de Estado en la Oficina del Primer Ministro de Bahamas; Lidia Brito, directora de la Oficina de Ciencias de América Latina y el Caribe de la UNESCO; Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile; Mischa Dohler, profesor de King’s College London; Lucas Gallito, Director para América Latina, Asociación de Operadores Móviles (GSMA), y Patricia Falconí, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Ecuador y representante de la Presidencia de la Mesa Directiva de eLAC.

Debate de la Seguridad y Protección de la Información en la Región

Paralelamente, se desarrolló el panel “Hacia la coherencia de políticas y la integración digital en América Latina y el Caribe”, en la cual participó la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador, Lorena Naranjo. En el encuentro se debatió sobre la seguridad de la información y protección de datos personales, como una de las aristas clave del desarrollo económico de la región.

Los participantes de este panel coincidieron en la necesidad de generar políticas de protección de datos aplicables y compatibles de manera regional, teniendo como referente los modelos europeos, donde hay un mercado único digital.

En este marco, Naranjo mencionó que ante los riesgos y perjuicios que tienen los usuarios, el Gobierno ecuatoriano trabaja una propuesta de Ley de Protección de Datos Personales, entendiendo que el resguardo digital debe integrar soluciones aplicables en un contexto donde las fronteras digitales no existen.