El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) emitió, mediante el Acuerdo Ministerial 015-2020 publicado en el Registro Oficial No. 231 del 24 de junio de 2020, la Norma Técnica que Regula los Medios Electrónicos para Procesos de Participación Ciudadana en la Función Ejecutiva, con el objetivo de definir los lineamientos que permitan la regulación de los medios electrónicos empleados en la ejecución de procesos de participación ciudadana y la delimitación de las atribuciones de los responsables.

En este contexto, y con la finalidad de orientar a las entidades en la aplicación efectiva de la norma, la Subsecretaría de Gobierno Electrónico y Registro Civil, con fecha 30 de julio de 2020, realizó un Webinar en el que participaron 82 funcionarios de distintas entidades de la Función Ejecutiva, que en su mayoría, eran los responsables institucionales de participación electrónica.

A través de este espacio se destacó la pertinencia de la ejecución de procesos institucionales de carácter informativo, consultivo y decisorio.

Se abordaron distintas temáticas cómo: estructura de la norma y su aplicabilidad; recursos disponibles y su optimización; beneficios para las instituciones y el ciudadano. También, se instó a las entidades a proponer una administración adyacente a la participación ciudadana, misma que permitirá la construcción conjunta de políticas, planes, programas, proyectos, trámites, reglamentos; y a su vez, repercutirá en la toma de decisiones y diseño en la prestación de servicios.

Al concluir la presentación se aperturó un espacio interactivo a través de un chat para solventar todas las inquietudes de los asistentes.

De acuerdo a los resultados emitidos por las Naciones Unidas en el informe E-Government Survey del 10 de julio de 2020, de entre 193 países, el Ecuador se sitúa en el puesto 49 en el Índice de Participación Electrónica y en el puesto 74 en el índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico. Este último significó un avance de 10 escalones respecto al 2018, lo cual se traduce en un progreso importante en términos de prestación de servicios electrónicos y el ejercicio del derecho ciudadano de los ecuatorianos de participar activamente en temas de interés público mediante el uso de las TIC.